Una vez que accedemos a Internet y compartimos datos que proceden de nuestra información personal, esta pasa a estar expuesta en la red, lo que implica en muchas ocasiones el riesgo de que sea tratada de forma ajena e incluso abusiva.
Según la Comisión Europea, los datos personales son cualquier información relativa a una persona física, viva e identificada o identificable. De esta manera, algunos ejemplos de datos personales son:
- Nombre y apellidos.
- Domicilio.
- Dirección de correo electrónico.
- Número de Documento Nacional de Identidad.
- Dirección de Protocolo de Internet (IP).
- El identificador de una cookie.
Ahora que ya conoces más sobre los datos personales y el efecto que puede tener su manipulación indebida, veamos cómo se puede limitar ese tráfico que se genera en torno a ellos en los buscadores de Internet.
Fundamentos básicos del derecho al olvido
En palabras de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el derecho al olvido es “el derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a nuestros datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en Internet realizada con nuestro nombre”, es decir, el derecho a que nuestros datos personales desaparezcan o que no dejen rastro en la red.
Además, es importante tener en cuenta que este derecho tiene prevalencia sobre el interés económico del buscador y que no existe plazo para solicitarlo, siempre que sea por razones legítimas.
Fue en mayo de 2014 cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo pública una sentencia que impone una serie de normas de protección de datos a los motores de búsqueda, otorgando a cualquier persona física el derecho a solicitar que estos buscadores retiren determinados resultados de consultas relacionadas con el nombre de una persona.
Cabe destacar que más tarde, en 2018, la Unión Europea aprobó el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), cuyo artículo 17 establece el “derecho de supresión”, con la diferencia de que este es aplicable ante cualquier entidad que trate datos personales sin necesidad de que estos estén en un soporte o medio digital.
En definitiva, este derecho proporciona una mayor protección y control a los ciudadanos sobre sus datos personales, especialmente si atenta contra el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen en la red.
Por tanto, el derecho al olvido obliga a los buscadores a dejar de difundir aquella información que no cumpla con los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en esta normativa.
De esta forma, se tiene en cuenta si dicha información es obsoleta o si no tiene relevancia ni interés público incluso si la publicación original fue legítima, como se contempla en el caso de los boletines oficiales o en aquellas informaciones amparadas por las libertades de expresión o de información.
Cómo solicitar el derecho al olvido
Si uno mismo ha sido quien ha publicado el contenido, es recomendable tomar la iniciativa y eliminar el material de la web. De esta manera, los resultados de buscadores como Google no encontrarán dicha información, especialmente si se tienen en cuenta las continuas actualizaciones que experimenta este buscador.
Además, muchas redes sociales ofrecen controles de privacidad para proteger el contenido que uno ha creado, así como formas de retirar el contenido inadecuado que hayan publicado otros usuarios.
En caso de tratarse de un asunto ajeno, la Normativa de Protección de Datos establece que para ejercer este derecho es imprescindible que el ciudadano se dirija a la entidad que está tratando sus datos, es decir, al propio buscador, pudiendo ser una persona con autorización legal la que realice esta solicitud en nombre de la persona afectada. Sin embargo, las normas de protección de datos solo se aplican al tratamiento de datos personales relacionados con personas físicas, discriminando así a empresas y a otras entidades legales.
A continuación, se procede a ponderar cada solicitud para alcanzar un equilibrio entre los diferentes derechos e intereses. Por esta razón, aquella información personal que resulte de interés para el público por su naturaleza o que afecte a una figura pública no será aceptada para solicitar el derecho al olvido, de igual forma que aquella que garantiza la libertad de expresión e información, como por ejemplo si la finalidad del uso de estos datos es una investigación o para estadísticas.
En caso de que el buscador no respondiera a la petición realizada, pese a estar obligado a hacerlo, o que el ciudadano considere que la respuesta obtenida no es la adecuada, se puede interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, que en última instancia determinará si la estima o no. De cualquier forma, esta última decisión también puede recurrirse ante los tribunales.
El caso de Google
Cabe destacar que los grandes buscadores cuentan con sus propios formularios para recibir peticiones de ejercicio de este derecho, como por ejemplo el mismo Google.
Al rellenar ese tipo de formulario, hay que incluir:
- Las URLs específicas donde esté el contenido que deseamos que se retire.
- Una descripción de la relación que tiene el contenido con la persona afectada y los motivos por los que se debería retirar.
Tras esto, los revisores profesionales de Google evaluarán la solicitud. En caso de aceptar la petición, Google solo retirará los resultados de búsqueda de consultas relacionadas con el nombre de la persona afectada, por lo que es posible que ese mismo contenido siga apareciendo en los resultados de otras consultas.
De modo que esta medida no implica que la información vaya a desaparecer de Internet. Así, la fuente de esa información permanecería inalterada. Esto se debe a que con frecuencia no procede conceder este derecho frente al editor de la información personal sino al propio buscador, cuya difusión universal puede tener un impacto desproporcionado sobre la privacidad de la persona.
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